Derecho penal

Ley Sapin 2: las obligaciones anticorrupción de las empresas

La ley Sapin 2 transformó en profundidad la prevención de la corrupción en Francia. Mapa de obligaciones y consejos para directivos.

EK
Elio KOUBBIAbogado en el Colegio de París
6 min de lectura
Reunión de negocios alrededor de una mesa con ordenadores portátiles y café
Foto: Headway en Unsplash

La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, denominada "Sapin 2", supuso una ruptura en el derecho francés de prevención de la corrupción. Siete años después de su entrada en vigor, su aplicación está consolidada y sus sanciones son efectivas.

Resumen

  • El artículo 17 impone ocho medidas de prevención a las grandes empresas.
  • La Agence française anticorruption (AFA) (Agencia Francesa Anticorrupción) supervisa su implantación.
  • En caso de incumplimiento: requerimiento y multa de hasta un millón de euros para la persona jurídica.
  • La CJIP (convention judiciaire d'intérêt public, acuerdo judicial de interés público), introducida por la misma ley, transforma el tratamiento penal de la corrupción.

Las empresas afectadas

El artículo 17 de la ley Sapin 2 se aplica a las empresas que cumplen dos criterios acumulativos:

  • al menos 500 trabajadores;
  • una cifra de negocio consolidada superior a 100 millones de euros.

Las sociedades matrices deben velar por la aplicación del dispositivo en sus filiales. Los umbrales se aprecian a nivel de grupo.

Más allá de estos umbrales, numerosas empresas de tamaño intermedio implantan voluntariamente programas de cumplimiento, en particular cuando trabajan con grandes clientes sujetos a Sapin 2 o con socios estadounidenses sujetos al FCPA.

Las ocho obligaciones del artículo 17

1. El código de conducta

Documento central que describe los comportamientos prohibidos y permitidos. Debe anexarse al reglamento interno de la empresa. Su redacción ha de ser clara, accesible y adaptada a la cultura corporativa.

2. El sistema interno de alerta

Conforme a la loi du 9 décembre 2016 y a la directiva europea del 23 de octubre de 2019 (transpuesta por la loi Waserman du 21 mars 2022), debe garantizar:

  • la confidencialidad del denunciante;
  • la protección frente a represalias;
  • el tratamiento efectivo de las comunicaciones.

3. El mapa de riesgos

"El mapa de riesgos es el eje del dispositivo. Un mapa superficial vacía el programa de toda sustancia. Un mapa riguroso permite priorizar los recursos en las verdaderas áreas de exposición."

Identifica los riesgos de corrupción a los que está expuesta la empresa según sus actividades, sus zonas geográficas y sus interlocutores. Se actualiza periódicamente.

4. Los procedimientos de evaluación de terceros

La empresa debe evaluar la situación de sus clientes, proveedores de primer nivel e intermediarios a la luz del mapa de riesgos. Es la aplicación del principio de due diligence anticorrupción.

5. Los procedimientos de control contable

Tanto internos como externos, tienen por objeto impedir el registro de hechos susceptibles de encubrir actos de corrupción.

6. El plan de formación

Destinado a los cuadros directivos y al personal expuesto. Debe estar documentado y actualizarse regularmente.

7. El régimen disciplinario

Sanciona las infracciones al código de conducta. Debe ser efectivo y proporcionado.

8. El sistema de control y evaluación interna

Auditorías periódicas verifican la efectividad del programa. Sus resultados alimentan la mejora continua.

El papel de la Agencia Francesa Anticorrupción

La AFA es la autoridad de control. Puede:

  • realizar controles in situ y documentales;
  • formular recomendaciones;
  • emitir advertencias;
  • remitir el asunto a la comisión de sanciones en caso de incumplimiento persistente.

La comisión de sanciones, independiente, puede imponer:

  • requerimientos de adecuación;
  • sanciones pecuniarias de hasta 200.000 euros para las personas físicas y 1 millón de euros para las personas jurídicas;
  • la publicación de la resolución (pena especialmente disuasoria).

El ámbito penal: la CJIP

La ley Sapin 2 introdujo la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) (acuerdo judicial de interés público), que permite a una persona jurídica investigada por corrupción alcanzar un acuerdo con la fiscalía sin reconocimiento de culpabilidad.

Este procedimiento ha transformado profundamente el contencioso penal de la corrupción. Permite:

  • evitar el juicio y la condena;
  • limitar la multa al 30% de la cifra de negocio media de los últimos tres años;
  • organizar un programa de cumplimiento bajo el control de la AFA;
  • preservar la capacidad contractual de la empresa (en particular para la contratación pública).

Varias CJIP de gran repercusión han sido suscritas: Société Générale (2018), Carmignac Gestion (2019), Bolloré (2021), Bouygues TP (2024). Han fijado estándares transaccionales que estructuran actualmente la práctica.

Los desafíos para los directivos

La responsabilidad del directivo se compromete en varios planos:

  1. En cuanto a la implantación del programa. La ausencia de un programa adecuado puede constituir una falta personal.
  2. En cuanto a los actos individuales. La CJIP solo extingue la acción pública contra la persona jurídica. Los directivos siguen siendo perseguidos a título individual.
  3. En cuanto a las consecuencias personales. Una condena puede acarrear la inhabilitación para el ejercicio del cargo, la inelegibilidad y sanciones complementarias graves.

La defensa de los directivos exige una estrategia articulada con la de la sociedad, en un contexto en el que los intereses pueden divergir.

Los errores más frecuentes

El programa cosmético

Los dispositivos puramente formales, no operativos en el día a día, son especialmente vulnerables. La AFA y la fiscalía buscan la efectividad, no la apariencia.

El mapa de riesgos estático

Un mapa que no se actualiza pierde todo valor operativo. El dinamismo del dispositivo es un criterio de valoración.

La ausencia de una gobernanza dedicada

El programa debe tener un responsable identificado, un presupuesto propio y acceso directo a la dirección general. La desconexión entre la función de cumplimiento y la alta dirección es una señal de alerta.

La externalización de los controles

Externalizar las due diligences sin un control interno real no exonera a la empresa. Los fallos en la cadena de terceros siguen siendo imputables a la misma.

En resumen

La ley Sapin 2 ha convertido la prevención de la corrupción en una obligación reforzada de medios. Para las empresas afectadas, el reto ya no es cumplir formalmente, sino disponer de un dispositivo verdaderamente operativo.

El despacho asesora a las empresas en el diseño, la evaluación y la defensa de sus programas de cumplimiento, así como en la gestión de los controles de la AFA y de los procedimientos penales.

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  • obligaciones anticorrupción Francia

Preguntas frecuentes

Para ir más allá

¿Qué empresas están sujetas a la ley Sapin 2?
El artículo 17 de la ley Sapin 2 se aplica a las sociedades (y sus grupos) que empleen al menos 500 trabajadores y cuya cifra de negocio consolidada supere los 100 millones de euros, así como a sus establecimientos públicos. Las empresas que no alcanzan estos umbrales están fuertemente incentivadas a alinearse con estos estándares.
¿Cuáles son las ocho obligaciones del artículo 17?
Código de conducta, sistema interno de alerta, mapa de riesgos, procedimientos de evaluación de terceros, procedimientos de control contable, plan de formación, régimen disciplinario y sistema de control y evaluación interna.
¿Qué sanción se aplica en caso de incumplimiento?
La Agencia Francesa Anticorrupción (AFA) puede dictar requerimientos de adecuación y, ante un incumplimiento persistente, remitir el asunto a la comisión de sanciones, que puede imponer multas de hasta un millón de euros para las personas jurídicas.